De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la declaración responsable será el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

La Legislación aplicable viene establecida por:

• Los artículos 70 bis y 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Los artículos 28 y 69 de  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
• El artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico.

   La declaración responsable producirá los efectos que se determinen en cado caso por la legislación correspondiente y permitirá, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

   El Ayuntamiento, en cualquier momento, puede proceder a la inspección, a fin de comprobar los datos contenidos en la documentación aportada, o cualquier otra cuestión relativa a la declaración responsable y al objeto de la misma. Se levantará Acta de inspección, donde conste los defectos observados o bien que no existen defectos y por tanto que la inspección es favorable.

   La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.